Hay una controversia instalada alrededor de la familia. Un sector de detractores busca anular toda visión estructurada del concepto, presentándolo como un modelo caduco o directamente opresivo. Para sostener ese relato se apoyan en los medios masivos de comunicación, que exhiben sistemáticamente a la familia disfuncional como si fuera la regla y no la excepción. No hay familias perfectas, es cierto. Pero la gran mayoría de las personas, con mayores o menores recursos, lleva adelante las funciones de coparentalidad de manera aceptable. Convertir la disfunción en representación mayoritaria distorsiona el debate y deslegitima el espacio donde, con todas sus fallas, se sigue custodiando el amor y el esfuerzo de ejercer la parentalidad.

Mientras se discute el concepto, los números muestran un cambio estructural que nadie pone en duda. Según el último informe oficial basado en el Censo 2022, los casamientos bajaron 17% en diez años y los nacimientos casi un 50%. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) viene documentando esta tendencia hace más de una década: en 1990 el 83% de las bodas eran religiosas, en 2011 ese porcentaje había caído al 46%. Hoy, según cifras difundidas este año, solo uno de cada tres bebés nace de padres casados. En materia de natalidad la caída es todavía más pronunciada: entre 2014 y 2024 los nacimientos pasaron de 777.012 a 413.135 por año, una baja del 47%. La tasa de natalidad, que se había mantenido estable entre 19 y 18,2 nacidos vivos cada mil habitantes hasta 2014, se desplomó a 9,9 en 2023, prácticamente la mitad que a comienzos de siglo. Los distritos más golpeados son Tierra del Fuego (-59%), Santa Cruz (-56%), Jujuy (-55%), la Ciudad de Buenos Aires (-51%) y la provincia de Buenos Aires (-50%). Una encuesta reciente agrega otro dato elocuente: solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos, contra el 77% que pensaba lo mismo en 2015. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, apenas un tercio lo sigue viendo como prioridad.

No es un dato menor lo que hay detrás de esos números. El Global Mind Project 2025 (Sapiens Labs), que relevó a más de 780.000 personas en más de 80 países, ubicó a la Argentina en el segundo lugar del mundo en fortaleza de vínculos familiares entre los 18 y los 34 años, apenas detrás de República Dominicana: siete de cada diez jóvenes argentinos declaran tener lazos familiares sólidos, muy por encima del promedio global del 61%. El mismo estudio identifica al vínculo familiar como uno de los cuatro factores que más inciden en la salud mental: donde hay familia, hay amortiguación. No es que en la Argentina se sufra menos, es que ese sufrimiento se sostiene mejor y los tratamientos, sostenidos por esa red, funcionan con mayor efectividad. Lo que está en juego, entonces, no es un detalle demográfico ni una discusión de café: es si podemos seguir creciendo como nación en un estado de salud física y mental que hoy es, probablemente, lo más descuidado de toda la agenda pública.

Estas cifras son las que, supuestamente, tienen en vigilia al Estado. La vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, advirtió que hacia 2028 el 40% de las vacantes de primer grado en la Ciudad quedarán vacías o serán ocupadas por chicos que no nacieron ahí, y planteó que «muy pronto la Ciudad tendrá que elegir: aceptar la despoblación y el envejecimiento, o rejuvenecer recibiendo inmigrantes jóvenes». Demógrafos y especialistas hablan sin pudor de un «invierno demográfico» y advierten sobre el impacto que esta caída tendrá sobre el sistema previsional en los próximos años. El diagnóstico está hecho, se repite en notas, paneles y discursos oficiales. El problema es que ahí se agota.

Porque traducido a la realidad, no se observan ni siquiera intentos. No hay reformas estructurales para que quienes tienen hijos y afrontan todos los costos asociados a criarlos accedan, por ejemplo, a exenciones impositivas reales, o a descuentos en productos esenciales como carnes o lácteos. Una encuesta de la UADE mostró que el 68% de los consultados valora las guarderías gratuitas en los lugares de trabajo, el 67% pide licencias parentales igualitarias y el 51% reclama beneficios impositivos concretos. Ese reclamo choca con una legislación que no se mueve: la licencia por paternidad en Argentina sigue siendo de dos días corridos, la misma que fija la Ley de Contrato de Trabajo desde hace décadas, mientras la licencia por maternidad es de 90 días. La reforma laboral aprobada este año modificó buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no tocó un solo artículo de la licencia por paternidad. Argentina sigue entre los países de la región con menor cobertura en este punto, muy por debajo de Uruguay.

Detrás de ese número hay algo más que una cuestión de días: es la prueba de que no se trabaja en serio sobre una idea básica, que no es lo mismo para la mujer parir que para el hombre acompañar. El embarazo, el parto, la lactancia y el cuidado del recién nacido implican condiciones físicas y psicológicas que a la mujer se le exigen en soledad, mientras el hombre recibe dos días para «acompañar» un proceso que, en rigor, comparte como responsable pero no como cuerpo. Ninguna política iguala esa carga. Ninguna la reconoce siquiera.

La misma desatención alcanza a quienes trabajamos todos los días con estas familias. La orientación familiar tiene una virtud que pocas disciplinas ofrecen: aborda a la familia de manera integral y no fragmentada, y lo hace desde una perspectiva marcadamente educativa antes que solo clínica. No espera a que el conflicto ya instalado llegue tarde a un consultorio; acompaña, forma y previene. Es exactamente la mirada que un sistema de salud pública debería estar buscando. Y sin embargo existe como profesión, con formación y título, y de manera sistemática la burocracia se niega a otorgarle incumbencias en los ámbitos donde más falta hace, empezando por los hospitales públicos. Ahí aparece una falta de compromiso que no es solo del Estado y los aspectos burocráticos que hace año no permiten el desarrollo de profesionales recién egresados de las carreras.

Se puede discutir el concepto de familia todo lo que se quiera. Lo que no se puede sostener es el relato de una preocupación estatal e institucional que, medida en hechos, no existe.